UN SUEÑO HECHO REALIDAD

1.30 de la tarde, Salón Dorado de Palacio de Gobierno.

Ante la atenta mirada del Presidente Alejandro Toledo, las más altas autoridades del gobierno, de millones de habitantes de la Macro Región Sur y del Perú entero; los representantes de las empresas Concesionario Interoceánica e Intersur de un lado, y el Viceministro de Transportes Néstor Palacios en representación del Estado, estampan decididos su firma en los contratos para la inmediata construcción de tres tramos de la Carretera Interoceánica.

Culminaba así más de 60 años de injusta postergación y promesas incumplidas, al tiempo que un futuro cercano de desarrollo y bienestar se empezaba a dibujar para más de cinco millones de habitantes de nueve departamentos del país.

El sueño se había convertido en realidad y en el ejemplo vivo de la anhelada integración física sudamericana.

La construcción de esta importante obra obedece a un trabajo planificado que tiene como objetivo integrar el país a través de una infraestructura de transporte que conecte a nuestros pueblos y además nos enlace realmente con los países vecinos de quienes nos encontramos desvinculados por la falta de vías de comunicación.

El gobierno ha priorizado invertir en infraestructura de transporte en el país porque las vías de comunicación constituyen medios claves e imprescindibles para alcanzar el desarrollo socio-económico que el país requiere. En ese sentido, en estos años de gobierno se ha podido demostrar que los múltiples trabajos de habilitación, rehabilitación y mantenimiento constante de caminos y carreteras, han facilitado el acceso de los más pobres a los servicios públicos básicos, su integración al mercado aumentando sus ingresos, además de disminuir las horas de viaje, reducir los costos del transporte, y generar mayor empleo rural, mejorando la calidad de vida de los pobladores.

En virtud de ello, en los últimos cuatro años el país ha dado un salto cualitativo muy importante en el desarrollo de la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria y se han sentado las bases para orientar el proceso de modernización de esta infraestructura para hacerla más competitiva fomentando en forma decidida el concurso de la inversión privada en este proceso.

El Proyecto

El Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, conocido popularmente como Carretera Interoceánica, es, definitivamente, la obra de ingeniería de infraestructura vial más importante que se realizará en nuestro país y por su magnitud sólo tiene como antecedente la Carretera Marginal de Selva.

Unirá al Perú y Brasil mediante una extensa vía completamente asfaltada de 2 603 kilómetros que partirá desde la ciudad de Iñapari (Madre de Dios) fronteriza con la ciudad brasileña de Assis; hasta los puertos peruanos de San Juan de Marcona (Ica), Matarani (Arequipa) e Ilo (Moquegua) y demandará una inversión de 892 millones de dólares aproximadamente.

A partir de Iñapari se accederá a las ciudades brasileñas de Assis, Brasilea, Río Branco, Porto Velho, Cuiabá y Puerto de Santos en el Océano Atlántico.

De los 2 603 kilómetros, 1 071 kilómetros corresponden a vías que están por asfaltar, 1 514 km a vías asfaltadas y 17,5 km de vías urbanas (sin incluir zona urbana de Juliaca), de acuerdo al Estudio de Factibilidad realizado.

Para efectos de su concesión se dividió todo el trazo en la carretera en cinco tramos. Tres de ellos, el 2, 3 y 4 ya fueron entregados en concesión, y los tramos 1 y 5 serán convocados a licitación el próximo mes de Setiembre.

La obra, que estará concluida totalmente en cuatro años, tiene un costo referencial entre 600 mil y 800 mil dólares por kilómetro debido a las condiciones adversas de la zona, pero aún así se mantiene por debajo de los costos históricos por kilómetro de tramos similares realizados por el MTC.

Contempla la construcción de 300 puentes, mil kilómetros de cunetas para evitar que las precipitaciones pluviales destrocen la carretera, construcción, reconstrucción y rehabilitación de 500 kilómetros de drenes para asegurar su durabilidad y óptimo estado, construcción y rehabilitación de plataformas, obras de estabilización y protección de talud superior, de defensa ribereña y estabilización de talud inferior, mejoramiento de señalización y seguridad vial, construcción y equipamiento de nuevas unidades de peaje y estaciones de pesaje, oficinas y equipamiento para seguridad policial, así como implementación y equipamiento necesario para la prestación de servicios a usuarios.

El plazo total de concesión es de 25 años y durante ellos los contratistas deberán mantener en perfecto estado de conservación las obras realizadas, los desvíos asfaltados y afirmados, las unidades de peaje, estaciones de pesaje, así como de los puentes existentes y los que se vayan a construir.